Hacienda detectará fraudes con inspectores de incógnito

Los representantes del IHE (Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado), han manifestado su conformidad con la decisión de que se les permita actuar de incógnito con el fin de detectar pruebas de fraudes fiscales entrando a las empresas de esta manera.

Inspectores de incognito para detectar fraudes fiscales

También quieren que se respalden y se abonen con dinero público a las denunciantes de esas situaciones de fraude.

Cómo se ha comunicado en el ‘’Economista’’, la presidenta de IHE, Berta Tomás, ha dicho que quiere que sean flexibles las autorizaciones:’’para entrar en algunas dependencias a las que no se puede acceder al estar legalmente consideradas como un domicilio de personas físicas’’. También quiere que se aseguren la protección de los informantes y abonarles por su participación.

Los inspectores quieren fomentar programas especializados para actuar con el objetivo de acabar con los fraudes de personas físicas y jurídicas en todas las comunidades autónomas. Las palabras de Berta Tomás han sido las siguientes: ‘’es el momento de regular la competencia entre comunidades autónomas que llevan a una tributación a la baja entre unas y otras.”

Desde IHE, se ha hablado sobre los paraísos fiscales, y se ha dictaminado que resulta necesario obligar a las entidades financieras con sucursales en esos lugares a dar la información verdadera sobre los titulares reales de las cuentas. Si no lo llegan hacer, se ha planteado otra opción que es prohibir tener esas sucursales (las sucursales que no faciliten los datos necesarios para acabar con el fraude). Así se puede reclamar que se establezca una lista internacional de paraísos fiscales y territorios no cooperantes, y poder establecer así un importe sobre los movimientos de capital hacia esos paraísos.

Los inspectores de Hacienda quieren explicar que la contribución de un mecanismo transfronterizo no determina por sí mismo que vaya ser defraudatorio o lo evite. Significa que puede tener algunas circunstancias que se puedan ver como un principio de fraude o planificación fiscal.

Para finalizar, IHE baraja la opción de conceder competencias a la Agencia Tributaria para que así puedan inspeccionar el uso abusivo de las Instituciones Colectiva, ya que han visto que muchas veces estas sociedades no han cumplido con los requisitos. Al día de hoy, la Agencia Tributaria no puede realizar esta tarea debido a que esta ordenanza se modificó en 2005 y se le concedió la competencia a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Y la Agencia Tributaria quiere volver a tener esa ordenanza para así poder evitar el fraude en España.